Sigue a continuación una nota de María Fernanda de la Mota publicada hoy en el portal LATAM SATELITAL, destacando el incumplimiento de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital por parte del actual gobierno, que hasta el momento ha llevado adelante acciones concretas que beneficiaron a empresas extranjeras en detrimento de la empresa estatal ARSAT.
LA SOBERANÍA SATELITAL EN EL CONTEXTO DE LOS CIELOS ABIERTOS
Por María Fernanda de la Mota
A un año de la sanción de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, aprobada por el Congreso de la Nación el 4 de noviembre de 2015, el Gobierno Nacional autorizó seis satélites extranjeros para que presten servicios de comunicaciones sobre el territorio argentino. En un contexto de incertidumbre acerca de la continuidad del desarrollo satelital nacional, los principales referentes del gobierno en la materia aseguran en sus declaraciones públicas la vigencia de estos proyectos. Sin embargo, las medidas adoptadas en los últimos meses parecieran apuntar la política satelital hacia una dirección completamente opuesta al rumbo que trazan la Ley 27.208 y el Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales.

El 4 de noviembre de 2015 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital y, junto con ella, aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-20351 que prevé, entre otras cosas, el desarrollo nacional de ocho satélites en los próximos 20 años, incluyendo los reemplazos de ARSAT-1 y ARSAT-2, así como la exportación de plataformas satelitales a otros países. El primer hito de este plan es la misión ARSAT-3, cuya construcción debía comenzar en 2016 para poder cumplir con los plazos estipulados en la ley y ser lanzado en 2019.