¿Qué sucederá con la ciencia y la tecnología argentina luego del 2015?

Sigue a continuación una excelente nota de Diego Hurtado publicada el día ayer en el portal de divulgación científica TSS –la agencia de noticias tecnológicas y científicas de la Universidad Nacional de San Martín-, en la cual el investigador destaca las actuales políticas de estado en materia de ciencia y tecnología, y se pregunta –de cara al futuro- si se puede esperar o no, que las mismas sean sostenidas por el gobierno que resulte electo en octubre de este año. Vale la pena leerla detenidamente.

ELECCIONES 2015 ¿LA CIENCIA NO SE TOCA?

Por Diego Hurtado

¿Las actuales políticas de tecnología y ciencia serán sostenidas por el gobierno que resulte electo en octubre de 2015? ¿La tecnología para un país industrial es la misma que para un contexto de políticas neoliberales?

En el campo de la ciencia y la tecnología, las capacidades políticas para generar los entornos institucionales adecuados y su estabilidad, junto con formas de organización más eficaces, son una medida de lo posible y lo alcanzable. Es decir, una política de ciencia y tecnología capaz de transformar (orientar) las instituciones y organizar a los actores en función de objetivos articulados con las políticas industrial, energética, de telecomunicaciones, de salud, de defensa, etc., es una condición de posibilidad para incrementar en número y densidad los entramados público-privados capaces de mejorar el desempeño de una economía.

Desde esta perspectiva, si acordamos que la Argentina de los últimos doce años pudo consensuar un proyecto de país industrial en el marco de un proyecto de democracia inclusiva, podemos concluir que el logro (y la herencia) más importante para el sector de ciencia y tecnología es institucional y organizacional.

Con aciertos cruciales –como la creación del MINCyT, la política energética o los enormes esfuerzos de inversión y gestión política para impulsar núcleos estratégicos de desarrollo que, además, fueran capaces de integrar empresas nacionales–, y algunas debilidades persistentes –como la falta de coordinación entre el MINCyT con otros ministerios, como Industria, Planificación o Defensa, o los procesos de “sustitución inversa”, especialmente en el sector automotriz y de electrónica de consumo en Tierra del Fuego–, hoy es un hecho irrebatible que el Estado argentino logró poner en marcha procesos exitosos de gestión de tecnologías complejas.

Más de 80 empresas participaron en el proyecto del  ARSAT-1.

Esto significa, entre otras cosas, que el Estado argentino logró incentivar, orientar, coordinar y, también en ciertos casos, disciplinar a algunas empresas privadas –en general medianas y pequeñas–, por un lado, y a grupos de tecnólogos, ingenieros y científicos, por otro lado, en sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones, energía nuclear, tecnología satelital, segmentos de la agroindustria, donde trabajosamente se ha podido avanzar en la construcción de: (i) una nueva cultura empresarial vinculada a valores productivistas; (ii) una nueva cultura en ciencia y tecnología –incluidas las ciencias sociales– vinculada a la producción de conocimiento social y económicamente “útil”.

Dimensionar estos logros supone comprender que se ha podido comenzar a mover la aguja en la dirección de la superación de algunos rasgos que son estructurales del subdesarrollo. Lo esencial –la batalla política ganada– es haber logrado definir e instalar los términos del problema y haber impulsado casos exitosos que señalan el rumbo y suponen un valioso caudal de novedades y de aprendizaje que deben tener efectos multiplicadores.

Una nueva cultura empresarial incipiente

Con respecto al primer punto, la construcción de una nueva cultura empresarial, fue un paso imprescindible comenzar a crear las condiciones para el crecimiento de una nueva cultura empresarial capaz de revertir hábitos históricos de retraso tecnológico, importación de tecnología, actitud predatoria respecto del Estado, baja inversión, fuga de capitales y negación de la función social del empresario. Rasgos que suponen que una sociedad es únicamente un espacio de extracción de riqueza, donde no hace falta la responsabilidad ética o legal en la generación de fuentes de trabajo, en la sustentabilidad de los emprendimientos o en el fortalecimiento de las entramados locales de producción de valor.

Los casos testigos mejor perfilados son las más de 100 empresas que se integraron en 2014 a consorcios público-privados para concursar fondos del programa de Fondos Regionales –segunda generación de los Fondos Argentinos Sectoriales impulsados desde 2010 por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica–, o las más de 80 empresas que participaron en el proyecto del primer satélite argentino de telecomunicaciones ARSAT-1, o las empresas que participaron de la finalización de Atucha II y que podrán sumarse a la construcción de la próxima central nuclear de potencia, que contempla una participación del 65% de industria nacional, o el crecimiento y la diversificación de la empresa INVAP. En estos ejemplos, que comienzan a mostrar algunos rasgos sectoriales sistémicos, el papel conductor del Estado ha sido central.

Central nuclear Atucha II.

¿Qué falta? Orientar en la dirección del actual proyecto de país las capacidades empresariales de los grandes grupos concentrados y ganarle terreno a las empresas trasnacionales que operan en sectores dinámicos de la economía local. ¿Cómo? Dado que en sus manifestaciones oligopólicas más extremas el capitalismo empresarial no entiende de ética, democracia o solidaridad, sino solo de relaciones de fuerza, el camino es continuar fortaleciendo al Estado en sus múltiples capacidades regulatorias y de diseño y gestión de políticas públicas, así como en su papel de Estado empresario, reproduciendo casos como INVAP, Y-TEC, ARSAT o Nucleoeléctrica Argentina. El objetivo es construir un Estado que disponga de los recursos jurídicos, políticos y económicos para disciplinar a los grupos concentrados locales, para negociar en mejores términos con las empresas trasnacionales y para reorientar la especulación financiera hacia la creación de un mercado de capitales que incentive la inversión en investigación, desarrollo y producción.

Universalismo vs. conocimiento útil

Con respecto al segundo punto, la creación de una nueva cultura en ciencia y tecnología, el nuevo contexto que intenta vincular el proceso de industrialización con las actividades de I+D se propone superar lo que podríamos llamar el “universalismo científico”, que supone que los editores de las revistas científicas de alto impacto –publicadas por editoriales de países centrales– deciden las agendas científicas epistemológicamente relevantes y que, por lo tanto, la colaboración científica con países centrales es positiva a priori, con abstracción de las agendas. Esta concepción dominante en América Latina durante todo el siglo veinte, aceptó que la legitimación del prestigio científico había que buscarla en los centros científicos del primer mundo y, peor aún, produjo como principales rasgos de la dependencia cultural y económica la fuga de cerebros y la integración subordinada de los grupos de investigación locales a las redes de producción de conocimiento de los países centrales.

No hace falta explicar por qué esta orientación fue y es fomentada por los países centrales, a través de eufemismos como la “colaboración científica” impulsada, por ejemplo, por los llamados “Programas Marco de la Unión Europea”, donde las convocatorias explicitan la necesidad de aumentar la competitividad de la economía europea y esas justificaciones se exponen de forma (escandalosamente) naturalizada en las páginas web de nuestras instituciones de ciencia y tecnología. Mientras que, como contrapartida, desde los organismos internacionales –OMC, OMS, OCDE, Banco Mundial, OIEA, etc.– y en los marcos regulatorios globales se busca bloquear, obstaculizar o reorientar los desarrollos tecnológicos autónomos que impulsan los países que, como la Argentina, aspiran a industrializarse.

El proyecto Tronador permitirá al país poner en órbita satélites.

Mientras que la ciencia internacionalmente prestigiosa se financia con subsidios y becas, en el campo del conocimiento útil –en general, en la forma de tecnología– son necesarios, además, los acuerdos de propiedad intelectual, la conformación de consorcios, los convenios de asociación o prestación de servicios, la contratación de personal idóneo, los planes de negocio o los estudios de mercado. Por eso también intervienen bancos, fondos de inversión, o estudios jurídicos e, incluso, se necesita apoyo diplomático. Decía Jorge Sabato que, mientras que la ciencia transcurre en un “aséptico laboratorio”, el “proceso social del desarrollo tecnológico” transcurre “en un espacio de intereses contrapuestos”. Los actores que participan del “drama tecnológico”, explicaba, son “políticos, empresarios, obreros, burócratas, científicos, tecnólogos, consumidores, etc.”.

¿La ciencia no se toca?

Pensando en el escenario de elecciones 2015, hoy se escuchan actores relevantes de la comunidad científica argentina que, con las mejores intenciones, presuponen que la ciencia y la tecnología ponen en juego procesos políticamente neutros que hacen posible soñar con un acuerdo utópico entre el oficialismo y la oposición que podría sintetizarse en: “confrontemos en lo político, lo económico e, incluso, en lo cultural, pero acordemos que la ciencia no se toca”.

El papel que juegan la ciencia y la tecnología en la rígida jerarquía económica y geopolítica del sistema mundial demuestra que este imaginario universalista fue muy perjudicial para la Argentina, porque supone que la misma ciencia y la misma tecnología –las mismas agendas, los mismos objetivos– son válidas para cualquier contexto político y económico o para cualquier modelo de sociedad, presupuesto refutado, desde las ciencias sociales, por gigantescas bibliotecas de estudios de historia social, política y económica de ciencia y tecnología. Como corolario, la ciencia y la tecnología no son un problema que deba quedar en manos de científicos y tecnólogos, sino un problema político que involucra a todos los sectores de la sociedad.

Nuevo edificio del MINCyT en el Polo Científico Tecnológico.

De esta forma, bajo la ilusión universalista, una política de ciencia y tecnología se puede definir a partir de las agendas internacionales –respaldadas en nociones como “frontera del conocimiento” o “conocimiento de punta”– y por grandes áreas abstractas e inaccesibles a los niveles de inversión local –como decir que vamos por la nanotecnología, la biotecnología y las TICs, así en abstracto– guiados por la suposición de que por arte de magia aparecerá la demanda de un sector empresario que sacrifica sus intereses para alinearse a los objetivos cognitivos de la comunidad científica local.

O bien se puede desarrollar una política de ciencia y tecnología a partir de un diagnóstico que apunte a definir aquellos problemas que se consideran perentorios resolver y orientar masivamente al sistema de ciencia y tecnología hacia su resolución, decisión que requiere capacidades sofisticadas de diagnóstico, organización, gestión y diseño institucional. Los casos exitosos que hoy muestra la Argentina –sector nuclear o satelital, por ejemplo– han seguido este último patrón.

Más Estado y más política

Con una buena dosis de pragmatismo simplificador, podríamos decir que dos rasgos importantes de la herencia de estos últimos doce años para los sectores de ciencia y tecnología podrían sintetizarse en tres postulados:

Postulado 1: todo empresario tiene el derecho y la libertad de buscar la maximización de sus utilidades, mientras que el Estado tiene la obligación de seleccionar y favorecer a los empresarios que juzga necesarios para impulsar el proyecto de país consensuado en democracia.

Postulado 2: todo científico tiene el derecho y la libertad de investigar los temas que desee, mientras que el Estado tiene la obligación de financiar la producción de conocimiento que la sociedad necesita para impulsar el proyecto de país consensuado en democracia.

Postulado 3: el orden regulatorio y jurídico, así como las capacidades políticas del Estado para ponerlos en práctica, deben hacer posible el cumplimiento de los dos postulados anteriores.

Estos tres postulados suponen la necesidad de continuar con el proceso de empoderamiento del Estado en la dirección de ganar capacidad de incentivo y disciplinamiento dentro de los sectores empresarial y de ciencia y tecnología.

Finalmente, el nuevo escenario que resulta de estos últimos doce años también significa que está en curso un proceso de recuperación de la autoestima y la confianza en las capacidades propias, estatales, científicas, tecnológicas y empresarias, necesarias para hacer irreversibles los procesos de redistribución y justicia social que comenzaron a impulsarse desde 2003.

Fuente: Agencia TSS